COMUNICADO DE PRENSA

18 de enero de 2005

Londres.- Para garantizar el fin de la impunidad por los peores delitos cometidos en los conflictos de Sudán, el Consejo de Seguridad de la ONU debe remitir la situación del país -incluido Darfur- al fiscal de la Corte Penal Internacional. Igualmente, debe remitir al fiscal los delitos en aplicación del derecho internacional que se cometan en cualquier parte del mundo.

En repetidas ocasiones el Consejo de Seguridad de la ONU ha hecho hincapié en su preocupación por el hecho de que Sudán no ha puesto fin a la impunidad, y ahora está obligado a actuar para mantener una actitud coherente.

La Corte Penal Internacional, no obstante, sólo procesaría a unos pocos de todos los responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. El Consejo de Seguridad de la ONU y la comunidad internacional deben apoyar una reforma global del sistema de justicia sudanés con el objeto de facultarlo para procesar a los autores de delitos graves en virtud del derecho internacional humanitario y las normas internacionales de derechos humanos.

El derecho de las víctimas y sus familiares a la verdad y la justicia es un elemento fundamental del proceso de reconciliación y paz en Sudán. Para que dure la paz entre el norte y el sur de Sudán y acaben las violaciones de derechos humanos contra los civiles que actualmente permanecen sitiados en Darfur, los responsables de los peores crímenes con arreglo al derecho internacional deben ser juzgados, afirma Amnistía Internacional en un informe que ha hecho público hoy 18 de enero, titulado Sudán: ¿Quién responderá por los crímenes?

Los habitantes de Darfur siguen arriesgando la vida al poner al descubierto los descomunales abusos padecidos y buscar resarcimiento por ellos. En los montes Nuba, la población sudanesa confía en que la paz les permita averiguar la verdad oculta tras las "desapariciones" de familiares y amigos. Comunidades afectadas por prácticas de esclavización en Bahr el-Ghazal han manifestado su voluntad de ver procesados a los autores de estos abusos y ver indemnizados a los supervivientes. En el norte, los abogados están esperando a que se supriman las leyes de excepción que mantienen paralizadas cientos de denuncias por actos de tortura para poder ayudar a sus clientes a obtener la justicia que merecen. En el sur, muchos civiles temen futuros actos de las milicias, que se comportan como si no tuvieran que rendir cuentas ante nadie.

El gobierno sudanés y el Movimiento / Ejército de Liberación Popular de Sudán (M/ELPS), partes en el acuerdo global de paz, deben mantener su compromiso con una paz duradera para el pueblo sudanés construida sobre la verdad y la justicia. Deben implicarse en un proceso dirigido a establecer la verdad y lograr la reconciliación en el país.

Información complementaria

El acuerdo global de paz en Sudán, para acabar con la guerra civil entre el gobierno central y el principal grupo armado (M/ELPS) librada en el sur del país durante 21 años, se firmó el 9 de enero de 2005. Los protocolos y convenios que forman este acuerdo de paz no hacen mención alguna de los gravísimos abusos cometidos durante el conflicto, muchos de los cuales son constitutivos de delito en virtud del derecho internacional.

En Darfur, en el oeste del país, el conflicto no ha cesado y la población civil sufre ataques y desplazamientos forzosos. El Consejo de Seguridad de la ONU ha encomendado a una comisión internacional de investigación que "investigue de inmediato todas las denuncias de transgresiones del derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos cometidas en Darfur por todas las partes, constate también si se han producido o no actos de genocidio e identifique a los autores de tales transgresiones a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos". La Comisión debe informar al Consejo de Seguridad de la ONU antes del 25 de enero de 2005.