La reciente visita a España de Hu Jintao, presidente de la República Popular China, pone de manifiesto, una vez más, que para los gobiernos siguen siendo más importantes los intereses económicos, estratégicos o políticos, que los derechos humanos,  aunque en sus discursos pretendan hacernos creer lo contrario. Es cierto que en los últimos años muchas cosas han cambiado en el gigante asiático, pero no es menos cierto que estos cambios no han llegado a los derechos humanos, que se siguen violando de forma masiva, como bien reflejan los informes de AI.

Unos informes que nos muestran como muchas personas siguen siendo detenidas y encarceladas por el mero ejercicio de su libertad de expresión. Son presos de conciencia entre los que podemos encontrar desde monjes y monjas budistas tibetanos hasta grupos cristianos no autorizados, el movimiento espiritual Falun Gong, o activistas políticos de grupos prohibidos que piden cambios democráticos. De esta persecución no se libran los activistas en favor de los derechos de los enfermos de sida, ni los defensores del derecho a la vivienda o incluso periodistas que  son encarcelados por documentar abusos contra los derechos humanos, hacer campaña a favor de las reformas o intentar conseguir un resarcimiento para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Muchos de ellos permanecen largos periodos sin juicio durante los que sufren torturas y tratos vejatorios.
China tiene además el triste record de ser el país con mayor número de condenados a muerte, y aunque las estadísticas se mantienen en secreto, AI cree que se ejecutan un mínimo de 3.400 personas al año, a menudo tras juicios sin las debidas garantías.
La lista de violaciones de derechos humanos podría ser más larga, y mención especial deberían ocupar en ella los sufrimientos de mujeres y niñas. Una larga lista olvidada por el gobierno español, cuyos intereses estaban en las posibilidades de negocio que brinda el país más poblado de la Tierra.
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