Las últimas tuvieron lugar el 19 de julio, cuando un joven de 18 años, identificado simplemente como A. M., y un menor, Mahmoud A, fueron ahorcados en público en la localidad nororiental de Mashhad. Se les acusaba de agresión sexual a un niño de 13 años y antes de morir recibieron 228 latigazos por ebriedad, alteración del orden y robo. Una semana antes había sido ejecutado Ali Safarpour Rajabi, de 20 años, acusado de haber matado a   un agente de policía cuando contaba 16 ó 17 años  (los informes sobre su edad  no coinciden).
Amnistía Internacional (AI) le ha recordado al gobierno iraní que al haber suscrito la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Irán tiene la obligación de no ejecutar a personas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años.
Las autoridades iraníes llevan cuatro años estudiando la posibilidad de aprobar una legislación que prohíba este castigo brutal e inhumano, una decisión que está encontrando numerosos obstáculos, por lo que ahora es un buen momento para que gobiernos y ciudadanos presionen a las autoridades iraníes. Una buena forma de hacerlo es entrar en la página web de Amnistía Internacional (AI) www.es.amnesty.org y firmar las peticiones contra la pena de muerte a menores. Entre los casos recogidos por AI resulta especialmente doloroso el  de  Leyla Mafi, obligada a prostituirse desde que tenía 8 años, y que  ha sido condenada a muerte  “por ejercer la prostitución y mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio”.  En este caso, la presión internacional ha conseguido que, de momento, su vida no corra peligro, pero sigue estando condenada a muerte. La fuerza de la opinión pública puede hacer que las cosas cambien. En Irán y en otros lugares del mundo.