"Firma invitada" Carlos Sancho. Diario de Burgos, 07/04/05

Amnistía Internacional (AI) acaba de hacer público un informe, basado en diez años de documentación, en el que denuncia que las autoridades francesas, ministros, jueces y altos mandos policiales, consienten el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de la ley. Las víctimas de estos abusos suelen ser presuntos delincuentes de origen árabe y africano, y quienes los cometen apenas resultan castigados.

Según AI, la justicia francesa tiene “dos velocidades”, de forma que cuando son los agentes de policía quienes denuncian, se actúa con mayor celeridad que cuando son las víctimas de abusos policiales quienes interponen las denuncias.

Muestra de ello son los casos de Youssef Khaïf (homicidio policial) y Aïssa Ihich (muerte bajo custodia), que han tardado diez años en llegar a los tribunales. Muchos otros casos nunca llegan a presentarse ante la justicia, y cuando llegan, se producen condenas que pueden ser calificadas de “simbólicas”. Incola Duckworth, portavoz de Amnistía Internacional, ha declarado que "existe una impunidad de hecho para los agentes de policía que cometen violaciones de derechos humanos; hemos observado que el sistema judicial casi nunca investiga, enjuicia ni castiga efectivamente las violaciones de derechos humanos que se cometen en relación con la aplicación de la ley." Esto provoca que esté aumentando la desconfianza de los ciudadanos respecto a que sus cuerpos y fuerzas de seguridad actúen con arreglo al imperio de la ley y respondan de sus actos.

Resulta además muy preocupante el incumplimiento reiterado de los códigos de conducta internos y de las normas internacionales de derechos humanos, en especial la reticencia que muestran los fiscales a la hora de tramitar casos contra agentes de policía, los malos tratos, la falta de garantías para los detenidos, los retrasos en las actuaciones judiciales y la ausencia de una definición completa de tortura en el Código Penal.

La solución a esta intolerable situación no es difícil si hay voluntad política por parte de las autoridades. Es urgente que el gobierno francés ponga en marcha mecanismos independientes para investigar todas las denuncias, y que, después de una investigación rápida y exhaustiva, los responsables sean llevados ante la justicia con independencia de cual sea su cargo. Es preciso también que se asegure a todos los detenidos el acceso a un abogado desde el momento en que quedan bajo custodia policial, y que se garantice la debida reparación a las víctimas.

Más información en la página web de Amnistía Internacional: www.es.amnesty.org.