Presentación del informe "Más allá del papel: Las mujeres víctimas de la violencia en España"

Teresa, de 59 años, abandonó a su marido después de 38 años de insultos, palizas y relaciones sexuales forzadas. Está convencida de que, si le denuncia, su situación empeorará. No confía en que las instituciones públicas la protejan. En el momento de entrevistarse con Amnistía Internacional, llevaba nueve meses encerrada en su domicilio con las persianas bajadas para hacerle creer que se había ido de la ciudad.

La historia de Teresa en absoluto es excepcional. El número de mujeres muertas como consecuencia de la violencia de género a manos de su compañero o ex compañero ha seguido creciendo desde el 2001, según las estadísticas oficiales. En el 2004, 72 mujeres perdieron la vida a manos de su pareja o ex pareja. Siete de ellas contaban con medidas de protección.

Las sobrevivientes de la violencia en el ámbito familiar se encuentran con importantes obstáculos para obtener ayuda, protección y justicia, de acuerdo con el informe de Amnistía Internacional, Más allá del papel. Hacer realidad la protección y la justicia ante la violencia de género. Las estadísticas oficiales revelan que más del 95 por ciento de las mujeres que sufren malos tratos no presenta denuncia. Aquellas que sí lo denuncian, en muchos casos deben soportar una actitud de indiferencia o interrogatorios faltos de todo tacto que las desaniman a seguir adelante.

“El Estado español tiene la obligación de impedir la violencia, investigar los abusos, castigar a los responsables e indemnizar a las víctimas, y debe hacerlo sin demora y empleando medios adecuados”.

Aunque Amnistía Internacional acoge positivamente la nueva ley integral contra la violencia de género, a la organización le preocupa que sigan siendo las víctimas quienes tienen la responsabilidad de poner en marcha las medidas de protección, y que sólo se preste ayuda integral a las que presentan denuncia oficial.

“Esta ley no es más que un marco de trabajo, un punto de partida para aliviar los obstáculos con los que se encuentran las mujeres y que ellas mismas han manifestado. Las autoridades españolas estatales y autonómicas debe adoptar medidas eficaces para que los derechos de todas las mujeres se hagan realidad.”

La investigación realizada por Amnistía Internacional se ha centrado en cinco Comunidades Autónomas, entre ellas, Castilla y León. Respecto a nuestra Comunidad las preocupaciones de esta organización de derechos humanos se centran en el escaso número de alojamientos temporales, un total de 23 centros solamente entre centros de emergencia, casas de acogida y pisos tutelados.

"Además nos preocupa enormemente la falta de accesibilidad a estos centros para determinados colectivos: las mujeres con discapacidad, las drogodependientes, las enfermas mentales. Estos colectivos encuentran obstáculos añadidos y es importante señalar que en Castilla y León hemos detectado estos obstáculos. Consideramos igualmente grave que no se concedan las ayudas económicas derivadas de la orden de protección a inmigrantes indocumentadas, puesto que se les exige ser demandantes de empleo y debido a su situación administrativa (sin papeles) no pueden hacerlo".

Otro motivo de preocupación tiene que ver con las órdenes de protección denegadas. Durante el año 2004, de un total de 1446 solicitudes en toda la Comunidad, se denegaron 340 (un 23,5%); "pero lo más llamativo es la disparidad de concesiones y denegaciones que se observa por provincias: desde el 6% de denegaciones en Soria, hasta un escandaloso 41% en Valladolid.

El Comité de la ONU que vigila la Convención sobre todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) alertaba al gobierno español sobre las dimensiones del problema de la violencia contra las mujeres y sobre el aumento del número de homicidios. Ha puesto de relieve la falta de protección a los grupos vulnerables, entre ellos las inmigrantes indocumentadas, y ha expresado preocupación por la falta de coordinación entre el gobierno central y las diversas regiones en la asistencia a las víctimas de la violencia.

El informe, presentado por Amnistía Internacional, contiene un conjunto de recomendaciones al gobierno español, entre ellas:

- Aplicación en todo el país de unos estándares mínimos de respuesta a la violencia de género;

- Acciones eficaces que posibiliten la detección temprana de la violencia en el ámbito familiar, y la asistencia sanitaria a las víctimas, con la formación y los medios necesarios para los profesionales médicos, que garanticen su efectividad;

- Reforma y evaluación de las medidas existentes, con la participación de las sobrevivientes y los grupos de mujeres.