Madrid/Barcelona, 7 de enero.- El Gobierno ha enviado al Congreso de los Diputados una rectificación al informe oficial sobre exportaciones de material de defensa y doble uso para incluir la exportación de cinco aviones de transporte militar (con especificaciones, destinatario y usos militares) que tuvo lugar en 2003. Dos de los aviones tuvieron como destino Colombia, mientras que los otros tres se exportaron a Jordania, Paraguay y Polonia.

Con esta rectificación, las ventas de aeronaves militares durante 2003 ascendieron a 215´7 millones de euros y no a 154´01, como aparecía en la primera información oficial. El total de las exportaciones, con los nuevos datos, se incrementa en un 19% sobre la primera información ofrecida.

Sin embargo, en 2003 también se exportaron dos aviones de transporte CN-325 al Ejército del Aire francés valorados en unos 45 millones de euros que siguen sin constar en la información oficial. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo no los considera de naturaleza militar por no estar específicamente equipados para este uso; sin embargo, las ONG mencionadas insisten en que los aviones de transporte militar empleados por ejércitos deben ser considerados productos militares, o al menos de doble uso -puesto que aunque no cuenten en principio con equipamiento militar éste les puede ser fácilmente incorporado posteriormente- y sus ventas deben ser incluidas en las estadísticas oficiales.

Por otra parte, con la rectificación del Gobierno se reconoce que fue autorizada la venta de dos aviones militares a Colombia, país inmerso desde hace décadas en un conflicto armado interno y con una grave crisis caracterizada por los abusos graves y sistemáticos contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam piden al Gobierno español que asegure que no se producirán este tipo de ventas a Colombia en el futuro mientras no haya claras garantías de que los productos no serán utilizados para cometer violaciones de derechos humanos.

Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam hicieron público el pasado 19 de noviembre un informe elaborado con la asesoría técnica de la Escuela de Cultura de Paz de la UAB en el que se analizaban las transferencias españolas de armamento de 2003 y se formulaban 10 recomendaciones para mejorar el control de estas operaciones y acabar de una vez por todas con el secretismo y la falta de información. Las tres organizaciones mantienen abierto el diálogo sobre este asunto con el Gobierno, que se ha comprometido a estudiar varias de las recomendaciones para mejorar la transparencia que podrían ponerse en práctica ya para el próximo informe oficial.