Hoy sale a la luz un nuevo informe de Amnistía Internacional (AI) que denuncia como en Estados Unidos “centenares de personas con enfermedades mentales graves están a merced de un sistema de salud demasiado lento para prestar ayuda y de un sistema de justicia demasiado rápido a la hora de dictar sentencias de muerte”.
El informe expone los casos de un centenar de enfermos mentales que han sido ejecutados desde que en 1977 se reinstauró la pena de muerte en este país. 

En la actualidad, y según cifras de la Asociación  Nacional de Salud Mental, representan entre el 5 y el 10 de quienes esperan en el corredor de la muerte.
Uno de ellos es Scott Panetti, condenado  por haber matado a sus suegros y con un largo historial de problemas mentales a sus espaldas. Scott se defendió a sí mismo vestido de cowboy, y uno de los médicos presentes en el juicio explicó que  “Scott era totalmente inconsciente del efecto que producían sus palabras y sus actos. Los miembros del jurado tenían miradas hostiles y miraban a Scott con incredulidad mientras éste hacía divagaciones sin sentido”. En la actualidad, Scott continúa condenado a muerte.
La ejecución de personas con discapacidad intelectual fue declarada ilegal hace tres años por la Corte Suprema de los EE.UU. al entender que disminuye la culpabilidad de la persona.  Es cierto que discapacidad intelectual y enfermedad mental no son lo mismo, pero pueden tener consecuencias similares, por lo que resulta incoherente eximir a los discapacitados de la pena de muerte y no hacerlo para los enfermos mentales que a menudo  ni siquiera comprenden la gravedad de su delito o los cargos que se presentan contra ellos. A veces comparecen bajo los efectos de una fuerte medicación, causando una errónea impresión en el jurado, e incluso en algunas ocasiones se les ha obligado a tomar una fuerte medicación para hacerlos “aptos” para ser ejecutados.
AI ha pedido a las autoridades  que prohíban de inmediato esta práctica inhumana y degradante, como un paso más hacia la definitiva abolición de la pena de muerte. Además, debe garantizarse el debido tratamiento médico a todas las personas con enfermedad mental. En www.actuaconamnistia.org se están recogiendo firmas  para hacerle llegar estas peticiones a Alberto Gonzales,  Fiscal General de los Estados Unidos.