Ha pasado casi desapercibida  una noticia que puede llevar, en un futuro no muy lejano, a la abolición de la pena de muerte en todo el mundo: La Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU ha aprobado, con 99 votos a favor, 52 en contra y 33 abstenciones, la petición de que sean suspendidas todas las ejecuciones a nivel mundial. Esta decisión deberá ser ratificada por la próxima Asamblea General de la ONU, que ya en 1971 y en 1977 aprobó sendas resoluciones en el sentido de que era deseable que se produjera la abolición de la pena capital.

La actual resolución va más allá, al pedir la suspensión de las ejecuciones, un mayor respeto a las normas internacionales, garantías para los derechos de los condenados y la reducción del número de delitos susceptibles de ser castigados con la máxima pena, todo ello con vistas a su eliminación definitiva.
Esta decisión es un avance decisivo para conseguir un mundo sin pena de muerte, y no hace sino confirmar la creciente tendencia internacional contraria a esta práctica cruel que nos hace avergonzarnos de nuestra condición de seres humanos. Es cierto que se trata de una resolución no vinculante desde el punto de vista jurídico, pero, como ha destacado Amnistía Internacional (AI), tiene un importante peso moral y político, al haber sido aprobada por el principal órgano de la ONU con participación de todos los Estados miembros.
La pena de muerte es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante y de negación por tanto de los derechos humanos: el homicidio premeditado y a sangre fría de un ser humano a manos del Estado en nombre de una supuesta justicia.
133 países ya la han abolido en su legislación o en la práctica. Sólo 25 llevaron a cabo ejecuciones el año pasado, año en el que se produjo un importante descenso en el número total de ejecuciones, de las que el 91 por ciento tuvieron lugar en China, Estados Unidos, Irán, Irak, Pakistán y Sudán.
Con nuestra firma podemos contribuir a acelerar su fin, entrando en www.es.amnesty.org.